Decimos NO al ajuste en la educación pública.

Los trabajadores docentes universitarios en ADUNLaM (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza) y en Fedun (Federación de Docentes de las Universidades), nos encontramos en estado de alerta y movilización.

Decimos firmemente Ni gasto, Ni privilegio, la Educación Universitaria es un Derecho. Y reclamamos enérgicamente la defensa del presupuesto nacional universitario. Las universidades nacionales de todo el país, este 6 y 7 de agosto no iniciamos las clases del segundo cuatrimestre de las carreras de grado, realizando un paro de 48 hs. (En nuestra Universidad el 2° cuatrimestre inicia el 21/08). Llegamos a esta extrema decisión a partir de la indiferencia del gobierno nacional por cuanto sigue sin dar respuestas a los reclamos salariales de más de 150.000 docentes universitarios y preuniversitarios y a la grave crisis presupuestaria que atraviesan las casas de altos estudios. Denunciamos, por un lado, que el Ministerio de Educación de la Nación no convoca a paritarias desde el 13 de mayo, ocasión en la que ofertó un incremento salarial de un 15% distribuido en cuatro cuotas, sin cláusula gatillo, lo que fue unánimemente rechazado. El acuerdo paritario del año pasado venció el 28 de febrero, y a la fecha seguimos sin pauta salarial 2018. Las y los docentes seguimos cobrando el mismo sueldo que en 2017, más un insignificante 5% que el gobierno otorgó de manera unilateral “a cuenta de futuros aumentos” y que no alcanza para cubrir ni siquiera la pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación, los tarifazos, la devaluación y en general el incremento del costo de la canasta familiar. El propio Presidente de la Nación, Mauricio Macri, acaba de reconocer que la inflación será del 30% este año. Por lo tanto, lo que nos están ofertando es lisa y llanamente una rebaja salarial. Por otro lado, a la demora en el envío de las partidas mensuales del Presupuesto Universitario votado por el Congreso para el 2018 ($103 mil millones), se suma el anuncio del gobierno de un recorte superior a los tres mil millones de pesos. Considerando que casi el 90% del presupuesto se destina al pago de salarios, la quita supone una afectación de un 23% de los fondos remanentes para funcionamiento del conjunto del sistema. Ante esta grave situación, los rectores manifestaron su preocupación y alertaron que no están garantizadas las condiciones para sostener las actividades pilares de la Universidad pública durante el segundo cuatrimestre.

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